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Hubo dos resoluciones oficiales para favorecer a la mafia de los remedios
1/1/70, 00:00 BUENOS AIRES: Especial.El Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos porteño denunció que ambos ex titulares de la Superintendencia de Servicios de Salud firmaron medidas que favorecieron a sectores inescrupulosos en la venta de medicamentos. Fotografía de la nota En la mira. Capaccioli (derecha) y Rinaldi (izquierda) señalados por haber “debilitado el control estatal”. Por Mauro Federico- Criticadigital- #Actualidad
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Dos resoluciones de la Superintendencia de Servicios de Salud “debilitaron los controles estatales al eliminar procedimientos de buenas prácticas de distribución, prescripción, dispensación y utilización de medicamentos crónicos y especiales” que “promovieron el ingreso de sectores inescrupulosos al circuito de comercialización de fármacos para pacientes oncológicos, hemofílicos y con VIH”. La denuncia fue presentada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires ante el organismo que debió controlar las actividades de sindicalistas, empresarios y funcionarios vinculados con la “mafia de los medicamentos”.

Se trata de las resoluciones 94/06, que lleva la firma del cuestionado Héctor Capaccioli, y la 43/09, sancionada en enero de este año por Juan Rinaldi, con las cuales se derogó una normativa que obligaba a las farmacias a inscribirse en un registro para prestar servicios a la seguridad social, pautas de control de calidad de los fármacos expendidos y especificaciones sobre el modo de confección de la receta. La denuncia sostiene que “se redujeron los controles, cuando la evidencia muestra la necesidad de más vigilancia; se generaron condiciones propicias para el ingreso de inescrupuloso, y se eliminaron guías prácticas para la dispensación y seguimiento del uso de fármacos y su control de calidad”.

Para los denunciantes “estas disposiciones desarmaron el sistema de control que previó el propio organismo apenas un año antes, cuando en 2005, sancionó la resolución 468/05, para controlar y mejorar la dispensación y utilización de medicamentos”.

Dicha normativa preveía que “el farmacéutico estuviera inscripto y obtuviera un número de prestador” y que “las farmacias y grupos de farmacias se registraran para prestar servicios a la seguridad social”. También requería que en la receta del profesional médico prescriptor “figurase el nombre de la enfermedad, el medicamento por su denominación genérica, cantidad y forma del fármaco y la duración del tratamiento”.

Además, establecía que “el médico puede recetar hasta por 120 días en casos de enfermedades crónicas y especiales” y que “a partir de los 30 días de tratamiento se requerirá, además de la firma del médico, la del farmacéutico”. En cuanto al seguimiento farmacoterapéutico y la calidad de los productos, la normativa derogada ”establecía metodologías informáticas para recetas y prestaciones y daba pautas para realizar los controles correspondientes”.

BORRAR CON EL CODO. Sin embargo, apenas Héctor Capaccioli asumió al frente de la SSS a principios de 2006, firmó la resolución 94/06 que suprimió más de la mitad de las restricciones establecidas para el control de los procedimientos. Tres años más tarde, a comienzos de 2009 y con Juan Rinaldi al frente del ente, el proceso se profundizó con la resolución 43/09.

“Nosotros interpusimos un recurso para evitar esta derogación a todas luces perjudicial para la transparencia del sistema y la salud de los afiliados”, aseguró Javier Valverde, presidente del Colegio de Farmacéuticos.

“Todo lo que está pasando ahora con los medicamentos truchos se debe a que se redujeron los controles, se eliminaron guías prácticas para la dispensación y seguimiento del uso de fármacos y su control de calidad, con lo que se generaron condiciones propicias para el ingreso de inescrupulosos al mercado de los medicamentos”, agregó el profesional.

“Seguramente el escándalo no termina con la obra social bancaria, por eso nosotros vamos a iniciar una presentación en el juzgado del doctor Norberto Oyarbide para que amplíe la investigación y establezca la responsabilidad de los funcionarios que facilitaron estas irregularidades”, finalizó Valverde

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