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Polémica por grupos feministas rosarinos que entrega medicamentos contra el aborto
28/6/17, 11:46:48 SANTA FE, junio 28: Se trata de dos colectivos que entregan misoprostol para realizar abortos seguros. Pero en la localidad existe una ordenanza local que prohíbe la venta de cualquier medicamento fuera de farmacias.
Por varias razones, Rosario es una de las ciudades centrales en la discusión del aborto en la Argentina. No sólo porque allí se aprobó la primera cátedra dedicada al tema –en la Universidad Nacional de esa localidad –sino porque el sistema público sanitario tiene herramientas para tratar el tema de forma abierta. Pese a esto, existen redes no oficiales que trabajan el tema. Una de ellas genera polémica, ya que entrega medicamentos para interrumpir el embarazo, lo que viola la ley local de venta solo en farmacias. Los grupos feministas defienden su tarea. El grupo es parte de una red que funciona en unas 20 ciudades, a través de líneas de ayuda. Además de los fármacos, se acompaña a las mujeres que deciden realizarse un aborto.

El uso de misoprostol, una droga de uso traumatológico de venta legal bajo receta, hace posible la práctica del aborto medicamentoso, un método seguro que no implica la intervención quirúrgica en el cuerpo de la mujer, según sus defensoras. Su uso está avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), e incluso el Ministerio de Salud de la Nación produjo información al respecto. Por eso, en Rosario los colectivos feministas Mala Junta y Las Pepas lo distribuyen entre mujeres que quieren abortar. El problema es que en Rosario existe una ordenanza que prohíbe la venta de medicamentos fuera de farmacias.

La información que dan las socorristas sirve para hacer un aborto medicamentoso con misoprostol hasta la semana doce de embarazo. “Es información legal y pública y está avalada por la OMS, que incluyó a esta droga entre los medicamentos esenciales para la realización de un aborto seguro ambulatorio. La condición de ambulatorio significa que la mujer puede elegir el lugar y el momento para abortar sin tener que pasar por un quirófano”, informó en una nota publicada por el portal Notife.

El misoprostol también está habilitado en la guía de acceso a la interrupción legal del embarazo del Ministerio de Salud nacional, vigente en todo el territorio argentino. “El acceso al aborto medicamentoso es un gran avance para las mujeres. Primero, porque no es una práctica riesgosa. Pero una de las cosas más interesantes es la capacidad de decidir dónde y cuándo abortar. Incluso en los hospitales públicos se indica hacerlo en casa. Esto nos permite atravesar un momento que es difícil, desde un lugar de soberanía, donde no hay una intervención externa sobre nuestro cuerpo”, sostuvo Pilar, Pilar Escalante, de Mala Junta.

El misoprostol se vende bajo receta médica en cualquier farmacia. La caja de 16 pastillas cuesta alrededor de 2 mil pesos. También se puede retirar de manera gratuita en centros de salud pública. Según Pilar, en Rosario hoy se garantizan estos abortos en la mayoría de los hospitales. “Las socorristas no manejamos medicación de ningún tipo, toda la información que damos es pública. Lo que hacemos es legal porque está basado en el derecho a la información y en el acceso a la salud”, aclaró.

En Rosario desde octubre pasado rige una ordenanza donde se establece la prohibición de la venta de medicamentos por fuera de la farmacia que establece multas o clausuras. “El control sobre el comercio también es una forma de promover seguridad para los ciudadanos. La venta de medicamentos fuera de las farmacias está prohibida y su comercialización en negocios habilitados en el marco de otros rubros implica un serio incumplimiento de la normativa que regula y ordena a la ciudad”, explicó el titular del Tribunal de Faltas Gustavo Zignago.

La nueva ordenanza aprobada en octubre del 2016 establece duras sanciones sobre comercios como kioscos, supermercados, almacenes y minimarkets que vendan medicamentos, como los analgésicos, antiácidos y digestivos, algo que está prohibido por ley nacional desde 2009. Si bien el Concejo ya había aprobado la adhesión, en esta oportunidad se dispuso que se proceda “incluso a la clausura provisoria por 90 días de aquellos locales que cometan infracciones reiteradas”.
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