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VIENDO 14/11/17
#SeguridadSocial
Corrupción en el IOMA: ex titular declaró en la causa por estafas y negó los cargos
14/11/17, 08:56 LA PLATA, noviembre 14: Antonio La Scaleia se presentó ayer lunes ante el fiscal Álvaro Garganta, y declaró en el marco de la causa que investiga a empresarios, funcionarios y empleados por “fraude y asociación ilícita”. “Es inimaginable esta imputación”, se defendió.
Luego de estar más de cinco años al frente del IOMA, Antonio La Scaleia deberá enfrentar una causa donde se lo investiga junto a otros 17 imputados de los delitos de fraude y asociación ilícita, en el marco de una estafa de millones de pesos contra las arcas de la obra social provincial. El ex titular de la entidad durante el gobierno de Daniel Scioli estuvo ayer cara a cara con el fiscal Álvaro Garganta, que lo indagó por más de dos horas y media. Al salir de Tribunales, ele x funcionario no hizo declaraciones, y se limitó a defenderse: “es inimaginable esta imputación”. En la lista de imputados figuran empresarios, es funcionarios, ex empleados y hasta representantes de dos gremios (UPCN y SUTEBA) que forman parte del directorio actual. La estafa habría alcanzado los 650 millones de pesos, y podría terminar con la indagatoria del propio ex gobernador.

Según informa en su edición de hoy el diario La Nación, La Scaleia declaró durante seis horas ante el fiscal de la causa, que busca determinar “cómo era el mecanismo que utilizaban para cobrar las internaciones domiciliarias que nunca se realizaban o que se hacían de manera dudosa”. El ex funcionario asumió su cargo en 2010, y manejço la obra social hasta el final de la gobernación de Daniel Scioli . En la jornada de ayer, entregó un informe con los números de su de gestión en el IOMA y se defendió en sus únicas declaraciones públicas; “es inimaginable esta imputación”.

El fiscal Garganta comenzó a investigar al ex directorio del IOMA a partir de una denuncia impulsada por la diputada Elisa Carrió, en la que se estiman pérdidas de unos 650 millones de pesos, generadas entre 2013 y 2015 por la comisión de fraudes reiterados. Para el fiscal, “existen indicios vehementes de que entre mediados de 2013 y fines de 2015 por lo menos 18 personas que se desempeñaban dentro de la obra social y dos empresarios que conducían un grupo de cinco firmas que decían prestar servicios de internación domiciliaria, cometieron fraudes que originaron pérdidas millonarias en las arcas del organismo”.

Según Garganta, La Scaleia y el resto de los 17 procesados “integraron una compleja estructura delictual destinada a la comisión de los variados ilícitos referidos, habiéndose valido del cargo que ostentaban y la actividad que desempeñaban dentro del IOMA”. Desde ese organismo, pusieron “en funcionamiento un sistema destinado al favorecimiento económico de ciertas empresas encargadas del servicio de internaciones domiciliarias hacia las cuales se direccionaba la prestación, para luego asegurarles un circuito preferencial en la tramitación de sus expedientes, lo que implicaba el posterior apartamiento de dinero público en beneficio de las mismas”.

El fiscal considera que “se dispuso la creación de un área específica para el despacho de expedientes relacionados a dicho servicio, la afectación exclusiva de un grupo de personas a la tramitación de los mismos, se impulsó el dictado de una serie de resoluciones internas mediante las cuales se perfeccionó la maniobra descripta”. Al procesar y citar a indagatoria al ex presidente del IOMA, Garganta describió el procedimiento que utilizaban, el cual incluía “la aprobación posterior de las planillas de conformidad del servicio presentadas por las cinco empresas a sabiendas de la falsedad de su contenido, para finalmente librarse los pagos de sumas millonarias de dinero pertenecientes al Estado Provincial”.

En tanto, los empresarios Gustavo Baldachis y Ricardo Bianchimano (titulares de las firmas Domisalud, Intergemed, Juntos en Casa, Sistemas Operativos de Salud y Cerca Salud) serán indagados el 11 y 12 de diciembre, según fuentes judiciales. Todos ellos están acusados de “haber creado un circuito paralelo respecto del trámite de internación domiciliaria”, a través del cual “direccionaron, autorizaron y abonaron” el servicio “a favor de las empresas sindicadas por un valor aproximado de 650 millones de pesos”.

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