L
a semana pasada, las farmacias de Salta anunciaron que dejaron de atender al PAMI y al Instituto de Previsión Social (IPS), la obra social estatal. El argumento fue la situación generada por la devaluación y la suba de precios de los medicamentos, que generó distorsiones en el mercado de medicamentos. esta medida fue criticada por las autoridades de la entidad, y los farmacéuticos y sus entidades fueron citados a la legislatura provincial, para que expliquen los motivos de la decisión. Luego de esta cumbre, hubo acuerdo y los mostradores anunciaron que está garantizada la atención. Así lo dijo Gladys Sánchez, presidente del IPS, quien indicó que la medida dispuesta fue “intempestiva, dado que todo el tiempo se mantuvo el diálogo con los prestadores y nunca se cortó la cadena de pago, habiéndose incluso adelantado plazos con el fin de reducir el impacto que produce la inflación en todos los sectores de la sociedad”. La funcionaria agregó que el sistema informático de la obra social “actualiza los valores de unos 60 mil productos en forma continua y se abona cada 45 días a valores actualizados”. “Tenemos un amplio universo de prestadores que respetan este cronograma de pagos” afirmó. Además de ir al senado a negociar con los representantes de la Cámara de Farmacias y Colegio de Farmacéuticos, se hizo una presentación cautelar ante la justicia, que hizo lugar el reclamo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
La Cámara de Propietarios de Farmacias y Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Salta informó la noche del miércoles que a partir de ese día suspendía la venta de medicamentos con los descuentos previstos para las obras sociales. Frente a la decisión, que se entendió como “intempestiva”, el IPS presentó un recurso de amparo para que se restituya la venta a afiliados y afiliadas de esta obra social. Sánchez afirmó que la obra social “defiende los derechos de los afiliados y por ello se presentó un recurso de amparo solicitando que el sector de farmacias cumpla el contrato firmado, medida a la que hizo lugar la justicia”, que fijó una audiencia de conciliación para el próximo 7 de setiembre. Por su parte, los legisladores consultaron detalles sobre el mecanismo de pago a proveedores y advirtieron que los precios de los medicamentos suben a un ritmo mayor de la inflación por la falta de legislación nacional. “No hay una ley que regule el precio de los medicamentos”, sostuvo el senador Pailler. Finalmente, anticiparon que se convocará a los representantes del sector privado, con el fin de acercar posiciones y de ser necesario, avanzar con herramientas legislativas que garanticen a la población la provisión de medicamentos.
El encuentro fue encabezado por el presidente del cuerpo, vicegobernador Antonio Marocco y contó con la presencia de los senadores, Mashur Lapad, Jorge Soto, Manuel Pailler, Dani Nolasco, Javier Mónico, Diego Cari, Fernando Sanz, Alfredo Sanguino, Esteban D’Andrea, Carlos Rosso, Leopoldo Salva, Carlos Ampuero, Marcelo García, Walter Cruz y Walter Wayar. Por la obra social asistieron su presidente, Gladis Sánchez, el responsable del área de finanzas, Marcelo Vicente y el asesor letrado, Teodoro Becker. Las entidades farmacéuticas ratificaron su decisión, pese a las críticas de legisladores y funcionarios. Esa resolución fue el resultado de diversas circunstancias que vienen afectando la operatividad y el funcionamiento adecuado de las farmacias, y que se volvieron conocidas por el público en general. Entre las razones se encuentran los persistentes atrasos en los pagos, la incertidumbre en relación a los precios de los medicamentos y la constante preocupación sobre la provisión adecuada de estos. Ante este panorama, la prioridad se centró en asegurar la continuidad en el suministro de medicamentos a pacientes en situaciones críticas, como aquellos que están bajo tratamiento oncológico o requieren atención nutricional especializada, así como a pacientes diabéticos y aquellos beneficiarios de planes especiales. En relación a la atención a otras obras sociales, se decidió evaluar la situación de cada una de manera individual, tomando en cuenta aspectos como pagos y bonificaciones vigentes. Esta evaluación permitirá determinar si se mantendrá la atención a estas obras sociales o si, en función de las circunstancias, también se adoptarán medidas similares de suspensión.
:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/EZA6NPRP6JEWRA7SLMP4FHKBWI.jpg)
:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/WIVN2PMVAFDHBPT6UI6YAGRRKQ.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/radiomitre/MWKCHCUOKBHDTJPG4HXAFRKJKA.png)
:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/YYIQKB3DURDOHAAQBOWMUYYOHM.JPG)
