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egún las cifras actuales, en la Argentina hay más de 140 mil personas que viven con VIH. Según las leyes vigentes, estos pacientes deben recibir cobertura de la seguridad social, y en caso de no contar con obra social o prepaga, deben ser atendidos por el sistema público. De hecho, desde la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis (DVIHT) informó que hay cerca de 65 mil argentinos que reciben tratamiento antirretroviral de esta dependencia. Esto es fundamental para su salud, y no fueron pocos los años donde los ajustes presupuestarios y los problemas en la compra de fármacos dificultó el acceso. En 2022, el panorama fue mejor que otros años, pero con algunas señales de alerta, como la baja en las partidas que recibe la entidad y la falta de ejecución de esos fondos. Así lo dice el informe anual de la fundación GEP, entidad sin fines de lucro que trabaja para defender los derechos de las personas con Sida en el país. “El medicamento constituye un elemento fundamental para el ejercicio del derecho constitucional a la salud y asegurar la provisión de los mismos es una obligación del Estado”, recordó la entidad, que además viene realizando rechazando los pedidos de patentes de las grandes farmacéuticas para estos tratamientos. En este sentido, se alertó que la adopción del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) “ha hecho del medicamento un bien privado transformándolo en una mercancía, en tanto y en cuanto el sistema de patentes se impone como el principal modelo de innovación y desarrollo de tecnologías en salud”.
El informe de la fundación GEP estuvo a cargo de su Observatorio de Acceso a Medicamentos, y analiza las compras y el stock de los medicamentos administrados por la DVIHT para abastecer al subsistema público de Salud. Además de los fármacos antirretrovirales, el informe coloca el foco sobre la situación de los destinados al tratamiento de Tuberculosis, Hepatitis C y enfermedades oportunistas. “Aunque los datos permiten ver que no se ha afectado la compra centralizada de medicamentos, no deja de llamar la atención la disminución de las partidas asignadas a la DVIHT, así como el nivel de subejecución presupuestaria alcanzado en 2022”, alertó el reporte, al que tuvo acceso MIRADA PROFESIONAL. Además, para la entidad “resulta preocupante el incremento sostenido de la inversión a través de contrataciones directas sucedido en los últimos años, lo que se vio incrementado en el 2022”. Como se apuntó, “en la mayoría de los casos la realización de este tipo de compras no responde a la existencia de patentes. Si bien resulta admisible la inexistencia de alternativas terapéuticas convenientes en el mercado local, deviene necesario perfeccionar la planificación y los procesos administrativos para maximizar la adquisición de genéricos asequibles disponibles en otros mercados, como a través de la utilización Fondo Estratégico de Organización Panamericana de la Salud (OPS)”. En cuanto a los proveedores de estos tratamientos, se confirmó que en 2022 “sólo cinco compañías farmacéuticas (Richmond, Gador/Gilead, Abbvie, Janssen y MSD) concentran casi el 90 por ciento de la inversión en medicamentos”. “Si bien las restantes varían, la presencia de Richmond en el podio de proveedores de la DVIHT se ha consolidado como una constante a lo largo de los últimos años”, se agregó. Más aún, en el período examinado, “esta empresa ha sido la única de origen nacional con una incidencia relevante en la venta de esta clase de medicamentos al Estado”. Por lo demás, las compañías multinacionales dominan el rubro.
El tema de los precios y las patentes es clave para consolidar el acceso a estos tratamientos. En el primero de los casos, el informe dela fundación GEP asegura que durante el 2022 “muestran un notable progreso en contraste con los años 2021 y 2020”. En general, se aclaró, “se observó un aumento marginal de los precios, manteniéndose los mismos en línea o incluso por debajo de la inflación interanual”, lo que es “especialmente visible en cuanto a los antirretrovirales y los antivirales de acción directa, aunque en este último caso es preciso recordar que la existencia de patentes sobre los medicamentos adquiridos (Glecaprevir 100 mg + Pibrentasvir 40 mg y Sofosbuvir 400 mg + Velpatasvir 100 mg) deriva en la mantenimiento de precios excesivamente altos”. Respecto a las patentes, la entidad recordó que “los rechazos de solicitudes de patentes logrados tras las oposiciones que realizó fndación GEP, como así también productores argentinos, han llegado a representar un ahorro cercano a los 535 millones de dólares en los últimos siete años”, debido a “la habilitación de la competencia de precios, incluidos los que se obtienen a través del Fondo estratégico de la OPS”. “La disminución de los precios y los ahorros conseguidos son evidencia ineludible del categórico efecto de los derechos de propiedad intelectual sobre los precios que asume el Estado en la compra de medicamentos”, destacó el reporte, que pidió “voluntad política y capacidades estatales operativas para poder efectivamente aprovechar las ventajas que genera la eliminación de las barreras que genera la propiedad intelectual”. “Fundación DEP concibe a los medicamentos como bienes sociales y no como mercancías. Por eso trabajamos para mejorar el acceso a tecnologías médicas para VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Cáncer, promoviendo la eliminación de las barreras de acceso a los medicamentos esenciales”, concluyó la entidad.
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