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esde el 2017, el país tiene una ley que legaliza el uso de cannabis para fines medicinales. Luego de un verdadero boom del uso de estos tratamientos, que generaron varios proyectos de producción en provincias y municipios, se viene trabajando en la ampliación de la normativa, para alcanzar a más pacientes, y mejorar el acceso de más personas. Ante esto, se sumó el uso industrial de cáñamo, para dar una mayor oferta. Este lunes, el gobierno confirmó la reglamentación de la ley 27.669, que amplía la aprobada hace seis años. Dicha normativa permitió dar estructura legal para el funcionamiento de la Agencia Regulatoria de la Industria del cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados. Este último también nace a partir de la sanción de la ley 27669 y tiene como función elevar al ARICCAME propuestas y estudios destinados a mejorar su plan de trabajo. Por su parte, como indica el artículo 4 de dicha legislación, la agencia es el organismo competente para “reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis y de sus productos derivados”. Al mismo tiempo, tendrá como función regular -entre otras- la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales. Al presentar la ley en un acto en Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández la consideró "un paso en el acceso al derecho a la salud" y, a la vez, "un triunfo de la sociedad contra la hipocresía".
La reglamentación de la ley pone en vigencia el ARICCAME, organismo descentralizado va a estar encargado de otorgar las licencias a través de una Ventanilla Única del ente. Para el 2023 se estima que se van a emitir entre 80 y 100 licencias para la producción de cannabis en el país. Francisco Echarren, presidente del ARICCAME, sostuvo en sus redes sociales que la reglamentación nacional es de “vanguardia en el mundo”. Y destaca, que, en el decreto a publicarse, se lograron objetivos muy importantes como determinar el 1 por ciento de THC, permitiendo ampliar, descentralizar y mejorar la calidad de la matriz productiva. Para poder superar las barreras y dificultades incipientes es importante que el ARICCAME firme acuerdos de cooperación conjunta con entes administrativos de los países que han avanzado en legislaciones ya vigentes con respecto al cannabis. Varios empresarios del sector en Uruguay afirman que la ley es ambigua y presenta muchas lagunas en materias que deberían ser explícitamente reguladas para das transparencia a la industria, en particular a la rama medicinal, sin olvidar que detalles ajenos al ámbito legislativo del país vecino también ralentizan el crecimiento del sector, entre ellos la regulación de otros países para operar con empresas relacionadas con la cadena productiva del cannabis. Al celebrar la iniciativa, el presidente de la Ariccame, Francisco Echarren, dijo que el nuevo marco “es pionero y de vanguardia a nivel mundial” y reafirmó que la industria “va a generar en el corto plazo diez mil empleos distribuidos federalmente”.
A través del decreto 405/2023, la ley 27.669 tiene por objeto establecer la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la Planta de Cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial, promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial. Al mismo tiempo, a los fines de instrumentar el régimen de licencias y autorizaciones, se adopta el sistema de Ventanilla única para la industria del cáñamo y el cannabis medicinal para la gestión de trámites vinculados a la emisión de autorizaciones, licencias y certificaciones necesarias. Dicho sistema, señala la ley, tiene por objetivo principal proporcionar una mayor eficiencia en las gestiones y trámites, unificar procedimientos administrativos y expedientes, dar intervención a los organismos con competencias específicas involucrados y facilitar el acceso y difusión de la información de manera homologada, estandarizada, actualizada e integrada. En la reglamentación de la ley se determinó que la ARICCAME, la entidad que conduce Echarren, será "el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados". El marco regulatorio abarca a "la cadena de producción y comercialización nacional o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial", indica la ley en su primer artículo.
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